Diego Sinhué Rodríguez abundó en que el Procurador de Guanajuato deberá analizar y aplicar todas las estrategias legales para que el ‘Comandante Emilio’ pague todo el daño que hizo a ciudadanos guanajuatenses y mexicanos en general.

Cabe recordar que el chileno se hacía pasar por un ciudadano de clase media de San Miguel de Allende, mezclándose perfectamente con la sociedad local bajo el nombre de Ramón Alberto Guerra Valencia, quien tenía varias ocupaciones, entre ellas la de fotógrafo de eventos sociales. Era incluso parte de la sociedad de padres de familia del colegio privado en donde tenía estudiando a sus dos hijos, quienes presuntamente viven en Cuba, escondidos de la justicia mexicana, ya que el mayor de ellos, habría también participado de los secuestros.

En Chile se le busca por el asesinato del Senador Jaime Guzmán Errazuriz, el 1 de Abril de 1991 en Santiago, cuando Raúl Escobar lideraba el Frente Patriótico ‘Manuel Rodríguez’.

El 30 de Mayo de 2017, Raúl Escobar fue detenido por la Policía Municipal de San Miguel de Allende tras el aviso de un taxista sobre un sujeto sospechoso. Y es que el secuestrador había cortado un dedo a una de sus víctimas, una mujer francoestadounidense. La extremidad la colocó en una caja, la cual encargó al taxista para que la entregara a la familia de la plagiada. El taxista llamó a las autoridades porque le pareció sumamente extraño el comportamiento del chileno.

Hoy el delincuente se encuentra preso en el penal federal de alta seguridad de Ocampo, al noroeste de Guanajuato. La mayor parte de sus cómplices también han sido detenidos.

El Gobernador de Guanajuato informó que el proceso judicial de Escobar Poblete está próximo a la audiencia previa en donde éste, podría ser ya extraditado, por lo que la fiscalía estatal busca a toda costa su permanencia en México.

“Es importante, por respeto a las víctimas que viven en Guanajuato, que se haga justicia en este país, porque Guanajuato es uno de los pocos estados que tiene un régimen especial contra secuestradores. Yo pido a las autoridades mexicanas que valoren que el criminal sea juzgado aquí primeramente, y ya después la extradición, pero esto cae en el ámbito federal”.