Juan Vázquez, de Artículo 19, explica que "no hay un solo detenido por ninguno de los ocho periodistas asesinados este año. A pesar del compromiso público que se ha hecho después del asesinato de Javier Valdez, no se ve una actitud distinta ni un cambio en la manera de actuar".

Conocido y respetado en México y Estados Unidos, el asesinato de Valdez modificó el discurso del Gobierno respecto a la violencia contra los periodistas. En mayo, días después de su muerte, el presidente, Enrique Peña Nieto, anunció que aumentaría el presupuesto del mecanismo de protección a periodistas, un controvertido instrumento de la secretaría de Gobernación que nació hace ahora cinco años. "El asunto con el mecanismo es el presupuesto y las medidas que se otorgan", dice Vásquez. Artículo 19 y otras organizaciones han denunciado repetidamente su incapacidad presupuestaria. No hace más porque no tienen con qué hacerlo. O, como dice Vázquez, "no han podido dictar medidas efectivas para proteger a los periodistas que se encuentran en riesgo".

Lugar destacado merece, de nuevo, la categoría de amenazas y agresiones perpetradas por funcionarios públicos. Son la mitad del total. En los primeros seis meses de 2017, trabajadores de las diferentes instancias de Gobierno agredieron a periodistas en 140 ocasiones. Fueron policías municipales, estatales y federales, pero también cargos electos, concejales, regidores... Durante el mismo periodo de 2016, fueron 101.

"Los funcionarios siempre son los principales agresores de la prensa", dice Juan Vázquez, de Artículo 19. Vázquez señala que este año ha sido especial. Enero empezó con una oleada de protestas por el aumento del precio del combustible, el célebre gasolinazo. "Hubo muchas protestas donde usualmente no hay. La falta de capacitación de los funcionarios hizo que aumentara este número". Vázquez se refiere a estados como Coahuila o Baja California.Los días 5 y el 7 de enero, días de marcha y manifestación, en Monclova, una ciudad mediana de Coahuila, se registraron ocho agresiones. En Playa Rosarito, en Baja, fueron 13.

Este año ha sido especial, también, por los procesos electorales. Los ciudadanos de Coahuila, Nayarit, Veracruz y el Estado de México acudieron a las urnas a votar alcaldes y gobernadores. Artículo 19 documentó 37 agresiones durante las campañas, la mitad el día de la elección.

Aunque no lo mencionan en el informe, la impunidad sigue siendo uno de los principales problemas. El año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos detalló en un estudio que de los 176 casos llevados ante la justicia desde 2000 -casos de homicidio. desaparición o ataque-, el 90% siguen impunes. ¿Por qué no se solucionan estos casos? "No hay voluntad polìtica para investigar casos de agresiones contra periodistas", concluye Vázquez, "porque no tienen voluntad de investigarse a sí mismos. Muchas veces el que está investigando es el mismo que está agrediendo a la prensa".