El tema es que la PDHEG ya había recomendado lo mismo el pasado mes de Abril, luego de criminalizar la información de la mesa de redacción de Códigos en Noviembre de 2016, tras la publicación de una nota en donde la línea de investigación de las autoridades por el robo de tren por parte de policías municipales de Cortazar, llegaba al mismo Edil.

Siete meses después de haber presentado la queja, el Procurador de los Derechos Humanos, José Raúl Montero de Alba, recomendó al alcalde perredista reparar los daños, luego de que difundiera en sus redes sociales un video donde desacredita el trabajo periodístico relacionado con sus elevadas facturas a cargo de erario en restaurantes.

Además de recomendar la disculpa oficial, el Ombudsman refiere la necesidad de garantizar no más agresiones a medios de comunicación y a sus representantes.

“Ofrezca una disculpa institucional a la aquí doliente Gabriela Montejano Navarro, en su calidad de Directora de Ágora, por la violación del derecho de libertad de expresión cometida en su contra. Dicho pronunciamiento oficial deberá contener un rechazo enérgico y absoluto a expresiones y/o conductas que impliquen un afrenta a los periodistas y medios de comunicación, además de realizar un señalamiento expreso que contenga la voluntad de otorgar garantías afectivas de no repetición”, cita el resolutivo al expediente 101/17-C.

La nota periodística que generó la agresión de Estefanía Monroy fue derivada y sustentada en varias solicitudes de acceso a la información, en donde se evidencia un aumento del 139% en los consumos en restaurantes así como facturas de comidas de más de 7 mil pesos, que el mismo Alcalde reconoció ofrecer a diputados.

Sin embargo, el edil aseguró que dicha información se debía a que su gobierno no compró publicidad al medio digital, al cual incluso –hasta la fecha- se le ha excluido del envío de información oficial.

En una entrevista difundida en su muro de Facebook, Hugo Estefanía se refirió a la periodista “nada más la persona de este medio de comunicación, ustedes saben quién es"; el Alcalde remató con su comentario “Pues nada más por que no le compramos publicidad”, subestimando la recopilación de la información.

"En conclusión se entiende que el hecho de señalar públicamente que un medio de comunicación, o uno de sus colaboradores, solicitan dádivas a efecto de dirigir su línea editorial es una transgresión en la dimensión social la función periodística, pues impide u obstaculiza su labor, lo que representa una violación al derecho de libertad de expresión garantizado por el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", cita el documento.

El resolutivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos da la razón al medio de comunicación y cita en su pagina 10:

"En este sentido, recordemos que Hugo Estefanía Monroy, Presidente Municipal de Cortazar, Guanajuato, es un servidor público que fue elegido por los habitantes del municipio en comento para ejercer el cargo que ostenta, lo cual evidentemente lo somete al escrutinio público, además de que la sociedad que lo eligió tiene derecho a conocer sobre las acciones que ha realizado y la forma de obtener esa información lo es a través de los medios de comunicación.

"No obstante a ello, es evidente que la nota realizada por la quejosa, dentro del medio informativo www.agoragto.com, va dirigido a la sociedad cortazarense, lo cual no justifica que su alcalde haga manifestaciones cuya pretensión es la de desacreditar la información publicada por el portal de noticias en comento, menos aun si se trata de un servidor público que ha reconocido de manera pacífica y pública su intención de buscar en un futuro un puesto de elección popular....".

Además se señala que el propio gobierno, reconoció como verídica la información publicada por el periódico digital.

"De ahí que lo publicado por la quejosa en su portal de noticias www.agoragto.com, no era una opinión respecto de lo que Hugo Estefanía Monroy, en su calidad de Presidente Municipal representa para la sociedad cortazarense, sino que más bien se trató de una extensión de la información que previamente se había recibido por parte de la Unidad de Acceso a la Información".

El Alcalde de Cortazar, tiene 5 días hábiles para responder si acepta la recomendación realizada por la Procuraduría de los Derechos Humanos, a partir de su notificación oficial.