A través de un un comunicado, la organización internacional expuso que el pasado 25 de Mayo, el propietario de TV8 y de una panadería en la capital guanajuatense, presentó denuncia por supuesto abuso de confianza cometido en su perjuicio en contra del periodista Alfonso Machuca Trejo, director del portal 'El Otro Enfoque' en Guanajuato.

Machuca Trejo laboró para el canal privado TV8 del que es propiedad Rodríguez Medrano; sin embargo, la relación de colaboración entre el empresario y el periodista terminó debido a diferencias editoriales.

El dueño del canal TV8, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, durante una emisión de un programa en su propia televisora refirió que Machuca Trejo “[…] se robó facturas de TV Guanajuato, las cobró al Gobierno del Estado y jamás reportó un solo centavo […]”. Debido a lo anterior, Machuca Trejo presentó diligencias de jurisdicción voluntaria a efecto de que un Juez requiera la sentencia en la que se basó el empresario para hacer tales afirmaciones en su canal de televisión.

El Juez Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio de Guanajuato, Guanajuato fue la autoridad que requirió los documentos que acreditaran fehacientemente los hechos que imputó a Alfonso Machuca en el referido programa, situación que no aconteció, refiriendo el empresario que los mismos se encontraban en la carpeta de investigación que inicio en el mes de mayo de este año, respecto a supuestos hechos de 2012.

Jorge Antonio Rodríguez Medrano refirió al Ministerio Público que el periodista solicitó la expedición de dos facturas por la cantidad total de nueve mil novecientos noventa y ocho pesos, mismos que según su denuncia eran para cubrir supuestos adeudos de Machuca Trejo con el empresario; sin embargo, a decir de él esa cantidad nunca se pagó, situación que llevó a denunciar al comunicador por abuso de confianza.

En entrevista con esta Organización, Machuca Trejo refirió: “en un principio quise dejar pasar eso, pero después de lo que vemos creemos que no es coincidencia que ataque a ciertos periodistas; se ha dedicado a difamarnos, a atacarnos, ha creado campañas de desprestigio a los que hemos sido críticos de la administración estatal y municipal”.

Para ARTICLE 19 resulta preocupante el constante hostigamiento legal de Jorge Antonio Rodríguez Medrano en contra de distintos periodistas y colaboradores de medios de comunicación, tal como el presente caso en el cual Alfonso Machuca es denunciado sin exhibir pruebas que acrediten la acusación y la afirmación hecha en un programa de su televisora, mismo que se suma al caso del abogado José Roberto Saucedo Pimentel, quien ha sido demandado en 6 ocasiones por supuesto daño moral cometido en perjuicio de la familia del empresario debido a publicaciones realizadas a través de su perfil de Facebook en relación a notas periodísticas donde se señala la relación entre Jorge Antonio Medrano y funcionarios municipales.

A esta situación, se suma el intento de allanamiento al domicilio del mismo Alfonso Machuca el pasado mes de Enero de 2018.

El demandante cuenta con un historial de utilización de recursos legales como medio de intimidación a otros medios. Un caso que se suma es  es el periodista Arnoldo Cuéllar y el portal Zona Franca, quienes han sido víctimas de una demanda de daño moral por parte de Rodríguez Medrano a causa de la publicación de los contratos por casi 8 millones de pesos que presuntamente recibió de parte de la administración pública de la capital del estado, del modo en que se han colocado a familiares de Rodríguez en puestos de la administración local así como de estar exentos del pago por el uso de vía para la distribución de cableado de su servicio de televisión.

Cabe recordar que ambos medios y muchos más, entre ellos Códigos, publicaron los beneficios que TV8 de Guanajuato ha disfrutado debido al cargo en el ayuntamiento local que ostenta la regidora Silvia Rocha, esposa de Rodríguez Medrano.

En la investigación  que cita documentos públicos y oficiales obtenidos por el activista Roberto Saucedo Pimentel, se detalla el modo en que los hijos de esta pareja han sido favorecidos con cargos dentro de la administración municipal como es el caso de Jorge Alberto Rodríguez Rocha y Héctor Alejandro Rodríguez Rocha en el Sistema municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

Respecto al SIMAPAG, cabe mencionar que dicha dependencia ha pagado al director general y dueño de TV Guanajuato cerca de 3 millones de pesos durante cinco años. El contrato más grande que ha recibido se dio en el 2017 con una factura por 750 mil pesos.

La publicación de dicha investigación periodística y las notas de seguimiento correspondiente han generado también un efecto de represalias en contra de Roberto Saucedo Pimentel, Alfonso Machuca y Arnoldo Cuéllar, así como el empresario televisivo emitió amenazas a otros periodistas y medios que difundieron la información, con una clara intención de generar un efecto inhibidor del ejercicio periodístico.

Los hechos antes descritos observan una clara tendencia de parte de Jorge Antonio Rodríguez Medrano a utilizar recursos judiciales para inhibir la práctica periodística. Ante este panorama, desde ARTICLE 19 hacemos un llamado al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato para que considerando los hechos vertidos en esta alerta, deseche las demandas interpuestas en contra de los periodistas antes mencionados, priorizando el derecho a investigar, difundir y recibir información de los demandados.

En medio de un clima de hostigamiento y acoso judicial en contra de la prensa crítica en el municipio de Guanajuato y en otras regiones del estado, ARTICLE 19 hace un llamado al gobierno estatal para que en su calidad de garante de la libre expresión, promueva un ambiente idóneo para la práctica periodística.

El hacer caso omiso de dicha obligación, no sólo vulnera el derecho de los periodistas a realizar su labor sino también viola los derechos de los habitantes de Guanajuato a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.

Al mismo tiempo, ARTICLE 19 exige a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que actúe en el ámbito de sus facultades.

Así mismo, realizamos un llamado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que cumpla con su obligación de prevenir y proteger a los periodistas acosados a fin de que a través de su incorporación se disuada cualquier escalamiento de las agresiones en su contra.