La última vez que se vio con vida a Juan Mendoza Delgado fue el martes pasado en la localidad veracruzana de Medellín Bravo. El periodista, que dirigía un modesto portal de noticias locales llamado Escribiendo la verdad, se dirigía a cumplir su turno de taxista, trabajo que compatibilizaba con sus tareas informativas. El jueves por la tarde su cadáver fue hallado con signos de violencia. Supuestamente lo habían matado pasándole un coche encima. Su muerte fue considerada un asesinato por la organización de defensa de la libertad de expresión Article 19.

El crimen de Mendoza Delgado trajo a la memoria el reciente caso de Moisés Sánchez Crespo, el editor del pequeño semanario comunitario La Unión, en el mismo municipio.

También trabajaba como taxista y también denunciaba los supuestos abusos en la localidad. El pasado 2 de enero, nueve hombres armados y encapuchados irrumpieron en su casa. Delante de su mujer y sus hijos, le arrebataron el ordenador, la cámara de fotos y el teléfono móvil. Después, se lo llevaron. Ese mismo día fue degollado. La orden supuestamente había partido del jefe de la Policía Local y escolta del alcalde, principal sospechoso. A diferencia de otros casos, destinados al olvido, este desató una fuerte ola de solidaridad. La impunidad con que se perpetró el asesinato, pero sobre todo la macabra suma de casos en Veracruz, ante la indiferencia de las autoridades del Estado, gobernado por el polémico Javier Duarte, que intentó restar importancia al crimen alegando que era un taxista, detonaron una ola de protestas que culminaron con una durísima carta abierta de 300 intelectuales y 20 organizaciones y la decisión de los directores del encuentro cultural Hay Festival de cancelar su edición en Xalapa, capital de Veracruz.

Las dos nuevas muertes vuelven a confirmar lo que es un diagnóstico bien conocido. México, con 86 asesinatos desde 2000, es uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista. Y Oaxaca y Veracruz, sus puntos negros. “Esta ola de muertes es fruto de la impunidad. Hay actores políticos y criminales que aún ven la eliminación de periodistas como una solución a sus problemas, y se sienten con licencia para hacerlo. Lo demuestra que en Veracruz y Oaxaca hayan muerto más de la mitad de los periodistas asesinados desde 2014”, señaló Javier Garza, experto del proyecto Periodistas en Riesgo, de Freedom House.

Las víctimas escogidas por el narco o las autoridades suelen ser informadores modestos. Periodistas rebeldes de medios pequeños y sin capacidad de defensa. En la mayoría de los casos, según Garza, las muertes vienen precedidas del secuestro y la consiguiente tortura. Y las investigaciones pocas veces culminan en la detención de los verdaderos culpables. En estas condiciones, el ejercicio de la libertad de expresión se convierte en muchas zonas de México, como Tamaulipas o Veracruz, en una ficción. Y los propios diarios evitan las informaciones vinculadas al narco. A la muerte, el linchamiento o simplemente la amenaza, le sigue la autocensura. Es la ley del silencio. Y quien la rompe, paga. Las muertes de Filadelfo Sánchez Sarmiento y Juan Mendoza Delgado lo recuerdan.