Días antes, el 4 de septiembre de 2015, fue la Corte Suprema de Justicia de Honduras la que decidió ignorar las directivas de la CIDH que protegen el derecho de Julio Ernesto Alvarado, periodista de Radio Globo y Globo TV, de seguir ejerciendo el periodismo, en el marco de un proceso por difamación. En 2014 la CIDH había solicitado medidas cautelares para el periodista. Estas medidas no fueron respetadas por la justicia hondureña, que semanas más tarde confirmó la condena que prohíbe a Julio Ernesto Alvarado desempeñar cualquier actividad relacionada con la difusión de información durante 16 meses. No obstante, estas medidas permitieron que el periodista continuara desempeñando su labor profesional el tiempo que la CIDH examinaba su caso. Así, la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 4 de septiembre de 2015 es una segunda violación a las decisiones de la CIDH.

“La OEA debería ser el último bastión para proteger a los periodistas que se encuentran en peligro, amenazados por sus propios gobernantes. El hecho de que gobiernos truhanes de la región acumulen todas estas violaciones a sus decisiones es inaceptable”, señaló Emmanuel Colombié, responsable del Despacho Américas de Reporteros sin Fronteras. "Las recomendaciones de la CIDH y los fallos de la Corte IDH son fundamentales para preservar el respeto de los derechos humanos y de la prensa. ¿Es necesario recordar una vez más que los miembros de la OEA tienen la obligación de respetar estas decisiones? RSF exhorta a estos países a respetar sus compromisos, simplemente", añadió.

Desde hace varios años numerosos países que se adhirieron al Pacto de San José –que además se encuentran entre los más violentos y peligrosos para los periodistas– han ignorado por completo las recomendaciones y las advertencias de los órganos de la OEA. Estas violaciones al derecho internacional se unen al paulatino deterioro de la situación de la prensa en América Latina y son una muestra más del clima de rechazo a la OEA y del poco crédito que se da a la profesión de periodista.

El 28 de septiembre de 2015 una delegación de la CIDH visitó México para llevar cabo una observación, tras la escalada de violencia registrada en el país estos últimos meses. Horas después de que la delegación partió, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló que el alarmante informe entregado por la CIDH “no refleja la situación del país", e indicó que las conclusiones eran preliminares y parciales. Tan sólo en el año 2014 la CIDH recibió más de 500 denuncias por violación a los derechos humanos en México, un triste récord para el continente...

El 30 de enero de 2015 la CIDH condenó el asesinato de Carlos Alberto Pedraza Salcedo, defensor de los derechos humanos colombiano encuentrado muerto algunos días antes en Gachancipá. La CIDH recordó al Estado colombiano su obligación de llevar a cabo una investigación y de esclarecer las circunstancias de su muerte. Nueve meses después, no se ha registrado ningún avance importante y el Ministerio de Justicia de Colombia no ha proporcionado ninguna información sobre este caso.

El 26 de septiembre de 2014 la CIDH solicitó al gobierno cubano que otorgara medidas de protección al escritor y bloguero, Ángel Santiesteban-Prats, quien se encuentra encarcelado desde febrero de 2013 y ha sido víctima de malos tratos y tortura. Esta solicitud fue ignorada por completo por el gobierno castrista. Más tarde, Ángel Santiesteban-Prats salió de prisión, pero actualmente es vigilado de cerca por el gobierno y se le impide trabajar. El escritor ha denunciado repetidas veces la pesadilla que vivió en prisión.

Cabe recordar que la CIDH, órgano principal e independiente de la OEA, promueve y defiende los derechos humanos en el continente. Ésta hace recomendaciones y solicita medidas cautelares a los Estados Miembros, señalando los casos en que se da un trato injusto a la prensa. Cuando no se siguen estas recomendaciones la CIDH puede presentar los casos más urgentes ante la Corte IDH, la cual, entonces, emite fallos definitivos y sin apelación. Todos los países que pertenecen a la OEA tienen la obligación de respetarlos.