El reporte, emitido desde la sede central de la relatoría en Washington, señala que en los pasados cinco años 150 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron privados de la vida en el continente americano, presuntamente por motivos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, por informar, comentar u opinar sobre hechos y situaciones que sucedían en su comunidad. Esto significa que cada 14 días un periodista es asesinado en esta región.

Después de México, los países con mayor cantidad de estos crímenes son Honduras, con uno de cada cinco homicidios, para un total de 28; le siguen Colombia (11), Guatemala (9), Perú (6) y Paraguay (4).

El informe advierte que en la década previa este tipo de violencia alcanzó niveles similares y de igual forma prevalecía la impunidad, por lo que no se trata de un fenómeno nuevo.

Enseguida, el documento resalta que ‘‘la violencia contra comunicadores se ha visto agudizada en aquellas zonas o territorios en los que existe fuerte presencia del crimen organizado. En muchos casos, lamentablemente, se ha verificado que estas organizaciones ejercen la violencia en colusión con agentes estatales’’.

Por eso, cuando la violencia en alguna nación ‘‘se vuelve un fenómeno estructural o vinculado al crimen organizado, es obligación de los estados adoptar mecanismos especiales de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos o de movimientos sociales amenazados’’, subraya.

En el caso de México, la falta de seguridad con que los periodistas desempeñan su labor es un problema que ya ha sido reconocido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El ombudsman Luis Raúl González Pérez ha señalado el aumento de riesgos y el alto número de agresiones en contra de comunicadores, lo que ha derivado en autocensura, desplazamiento y exilio forzado de periodistas, entre otros fenómenos que vulneran los principios fundamentales de una sociedad abierta, plural y democrática.

La CNDH documentó entre enero de 2000 y mayo de 2015 100 homicidios de periodistas, 21 desaparecidos desde 2005 y 45 atentados contra medios de comunicación desde 2006.

El informe que ayer dio a conocer la CIDH ratifica la existencia de un problema grave y más aún por los escasos o nulos avances para sancionar a los responsables. ‘‘Muy pocos autores intelectuales de estos crímenes recibieron algún tipo de condena y buena parte de las investigaciones avanzan muy lentamente o muestran graves deficiencias que han impedido aclarar las hipótesis vinculadas al ejercicio profesional’’, advierte.

También subraya que para evitar la repetición de estas agresiones es indispensable que se investigue, juzgue y condene a todos los autores, tanto materiales como intelectuales.

En 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el 2 de noviembre como Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, y la relatoría recordó a los países la importancia de ‘‘reconocer, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad de la labor periodística, y condenar las agresiones cometidas como represalia al ejercicio de la libertad de expresión’’.

De igual forma la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que ‘‘el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, síquicas o morales u otros actos de hostigamiento’’.

De su lado, la Comisión Interamericana plantea que la violencia contra periodistas o trabajadores de los medios de comunicación, que se comete a causa del ejercicio de su profesión, afecta la posibilidad de escuchar estas voces y vulnera el derecho de las sociedades a buscar y recibir todo tipo de información e ideas de manera libre y pacífica.

La relatoría puntualiza en su informe que es fundamental que los estados investiguen de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas y esclarezcan sus móviles. También, que se determine judicialmente la relación que pudieran tener esos crímenes con la actividad periodística y la libertad de expresión.

Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como móvil del asesinato o la agresión antes de que se complete la investigación. Para romper el círculo de agresiones es necesario terminar con la impunidad, subraya el organismo internacional.