El incidente sobre el que informó el diario Cumhuriyet y por el que se ha abierto el proceso a los periodistas se produjo el 19 de enero de 2014, cuando la Gendarmería detuvo tres camiones en provincia de Adana (sur de Turquía) tras haber recibido un soplo. En los camiones, conducidos por agentes de la Organización Nacional de Inteligencia (MIT), se hallaron presuntas armas destinadas a Siria. Aunque la Fiscalía provincial abrió una investigación, el Gobierno, dirigido entonces por Erdogan -ahora presidente de la República-, maniobró rápidamente para apartar de sus puestos a los fiscales y gendarmes encargados del caso. El Ejecutivo alegó que el cargamento de los camiones era “ayuda humanitaria” para las milicias turcomanas de Siria.

Poco más se supo del asunto ya que el Consejo de Radiotelevisión impuso la prohibición de informar sobre ello, hasta que, a finales de mayo de este año, Cumhuriyet publicó las fotografías y el vídeo supuestamente tomadas por los gendarmes que llevaron a cabo el registro: en el interior de los camiones se veían lanzacohetes RPG, proyectiles y grandes cantidades de munición. Erdogan montó en cólera tras la aparición de dicha información y aseguró que los autores de la noticia pagarían “un alto precio”.

El jefe de Estado turco volvió a la carga esta misma semana diciendo: “¡Qué más da si había armas o no había armas!”. “Esos camiones llevaban ayuda a los turcomanos de Bayirbucak”, explicó Erdogan en referencia a la zona del norte de la provincia siria de Latakia donde rebeldes turcomanos –según algunas fuentes, con el apoyo de organizaciones yihadistas como el Frente Al Nusra (filial de Al Qaeda)- se enfrentan al régimen de Bachar el Asad y a los bombardeos de Rusia. Es en esa área fronteriza entre Turquía y Siria donde esta semana se produjo el derribo de un caza ruso.

Varios dirigentes del Gobierno islamista turco han incidido en el hecho de que si “los camiones del MIT” –como se los conoce en Turquía- hubiesen arribado a su destino, ahora los turcomanos de Siria estarían en mejor situación. El problema es que el Ejecutivo no ha solicitado formalmente ningún permiso al Parlamento para vender armas a los bandos de la guerra civil siria, por lo que un envío de estas características sería ilegal, tal y como ha señalado el director de Cumhuriyet, quien califica su imputación y la de su compañero como fruto del “pánico”. “Tenemos a un Gobierno al que han pillado cometiendo un crimen, lo que les ha hecho entrar en pánico. Pero creo que este proceso judicial aumentará su pánico porque le da una dimensión internacional. Y nos permitirá probar el tráfico secreto de armas, el tráfico de personas y mostrarlo ante el mundo”, dijo Dündar.

Los partidos opositores no han ahorrado críticas por el arresto de los periodistas y el jefe de la oposición, el socialdemócrata Kemal Kiliçdaroglu, ha tildado la decisión de “inmoral” y a los togados los ha acusado de “obrar al servicio de la dictadura de Erdogan”; mientras el partido prokurdo HDP ha calificado el hecho de “vergonzoso” y de “venganza de Erdogan”. Diversas asociaciones de la prensa han salido en defensa de los periodistas encarcelados, afirmando que es “el derecho a la información el que ha sido puesto entre rejas”.