Este programa no le gustó a los miembros de la Mara Salvatrucha: tras numerosas amenazas, estos propusieron varias veces al periodista que colaborara con la banda y que les informara sobre los movimientos de la policía en El Carrizal, a cambio de lo que le darían 100 dólares al mes. Nicolás García se negó y lo pagó con su vida. Encontraron su cuerpo con múltiples impactos de bala y mutilado; le cortaron la lengua. 

“Expresamos nuestra conmoción por este acto bárbaro y pedimos a las autoridades salvadoreñas que identifiquen y juzguen a los culpables de este odioso crimen", señaló Emmanuel Colombié, responsable del Despacho Américas de RSF. "Frente a los actos de violencia perpetrados por el crimen organizado es responsabilidad del gobierno de El Salvador garantizar de forma eficaz la protección de los periodistas”, añadió. 

RSF se une a la solicitud de la Asociación de periodistas de El Salvador (APES) y de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) de que se cree y se aplique una ley de protección para periodistas en El Salvador.

El clima de violencia generalizada en el que se encuentra sumergido el país tiene serias repercusiones en los actores de la información. Desde que Salvador Sánchez Cerén llegó a la presidencia de la República, en junio de 2014, la situación de la libertad de información se ha deteriorado en el país. Las autoridades, que en general son hostiles con los medios de comunicación, no garantizan la protección de los periodistas ni favorecen su trabajo. 

El Salvador se encuentra en el lugar 45, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por RSF en febrero de 2015.