Por esta nota, en una rueda de prensa, Estefanía Morroy acusó a Códigos de intentar extorsionarlo.

“Este medio que es Códigos, que ustedes saben quién es, que sólo se dedica a extorsionar, y no es la primera vez, desde que fui dirigente estatal, hizo lo mismo, viene a pedir cierta cantidad de dinero para tapar esa información”, afirmó el también ex líder estatal del sol azteca.

La Procuraduría de Justicia integró la carpeta de investigación 52943 contra Hugo Estefanía por el delito de difamación.

Después de poner la querella, el director del portal, Andrés Guardiola García Gómez anunció que también demandará al munícipe por la vía civil.

Agregó que la acusación de extorsión tiene como fondo criminalizar la libertad de expresión y el desacreditar al medio.

“Tenemos miedo de una acción irracional por parte del alcalde, que se vea tentado a usar otros métodos que atenten contra la integridad física de los que laboramos en Códigos”, comentó el periodista.

Recordó que el ex alcalde de Silao (2012-2015, el priísta Enrique Benjamín Solís Arzola mandó golpear a la reportera, Karla Silva Guerrero porque le desagradaban las notas que publicaba en el periódico El Heraldo.

En el Congreso del Estado son analizadas dos iniciativas de Ley de Protección a periodistas, una presentada por la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Irma Leticia González y otra por las fracciones del PAN y del PRD.

La iniciativa de la diputada, Irma Leticia contempla la creación de un mecanismo estatal de protección de derechos humanos y la remoción temporal de los funcionarios acusados ante el MP, Derechos Humanos o ante autoridades administrativas, por coartar la libertad de expresión o violentar a periodistas.

La iniciativa del PAN-PRD sólo se limita a crear una ventanilla de recepción de solicitudes de incorporación al mecanismo federal de protección a periodistas.

Los comunicadores han solicitado que además de la ley, se tipifique el delito de atentado a la libertad de expresión, se derogue el delito de difamación, se catalogue como falta administrativa limitar el trabajo periodístico, entre otras propuestas.