Aprueba Congreso reforma para regular celulares en escuelas
Aunque restan detalles por afinar y serán los maestros y la SEG quienes apliquen la norma
Staff
Guanajuato
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta aseguró que no se trata de una prohibición, sino de establecer reglas claras para los diferentes niveles educativos, con corresponsabilidad entre familias y autoridades.
“Este es el inicio de un nuevo paradigma, porque al final de lo que estamos hablando no es solo de dispositivos, estamos hablando de cuidar el desarrollo de nuestras niñas y niños, de asegurar que crezcan con herramientas, pero también con un criterio, con límites para que tengan mayores oportunidades; que la tecnología no los distraiga de su futuro, sino que los impulse a construirlo”, afirmó.
Por otra parte, la diputada Marisa Ortiz Mantilla señaló que las leyes deben evolucionar a la par de los retos tecnológicos, destacando la necesidad de contemplar la salud mental.
“Al final proteger a los educandos de la exposición excesiva de los dispositivos tecnológicos no es un tema menor, está definiendo prácticamente la salud mental de las siguientes generaciones y eso, eso tenemos que darle la importancia que merece y así lo entendió esta legislatura, dándole la mayor importancia a la realización de foros y eventos”, dijo.
Finalmente, el diputado Juan Carlos Romero Hicks aseguró que en la educación nada sustituye la orientación de maestros y padres de familia.
“En una escuela, la razón de ser son los niños, la forma de ser son sus maestros y la conducción corresponde a un pendiente que no hemos sabido resolver como sociedad. Un mejor modelo educativo, un mejor modelo de formación de docentes, un mejor modelo de formación de padres y madres de familia donde tenemos un pendiente que no hemos sabido atender y también está el modelo de evaluación”, concluyó.
Aprueban dar más protección de derechos de niñas niños y adolescentes
Con el voto del GPPAN y la RPPRD aprobó por unanimidad reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La diputada Ana María Esquivel Arrona destacó la importancia de que la validación tenga lugar en esta fecha simbólica.
“Este proyecto surge de una convicción profunda: los derechos de la niñez y la adolescencia son obligaciones que el Estado debe proteger, ampliar y garantizar sin titubeos y sin excepciones. Por ello, desde la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, presentamos este dictamen que integra siete iniciativas de distintos grupos parlamentarios”, dijo.
El dictamen engloba siete iniciativas de reforma, las cuales incorporan los principios de mínima intervención, fortalece las Procuradurías Auxiliares de Protección, define mecanismos de coordinación para evitar la deserción escolar, crea el Parlamento Infantil, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para mejorar la educación y promueve ambientes seguros de aprendizaje mediante la regulación de dispositivos electrónicos en las aulas.
Por su parte, el diputado Jesús Hernández Hernández aseguró que al proteger a la niñez se fortalece la sociedad y enfatizó la importancia de atender a los sectores más vulnerables.
“Con esta reforma reconocemos que nuestras niñas y niños y adolescentes no viven en una sola realidad, entendemos que existen contextos distintos que nos exigen actuar con mayor sensibilidad, empatía y responsabilidad. Proteger a las niñas y especialmente a quienes enfrentan vulnerabilidad, como la vulnerabilidad, no como la discapacidad, no es sólo una obligación, es una convicción que significa trabajo de todos los días”, señaló.
De esta manera, el GPPAN reafirma su compromiso con la protección de la niñez, construyendo un entorno más justo y digno donde cada guanajuatense pueda desarrollarse plenamente.
Piden PAN y PRD un alto a las sustancias tóxicas en México
Ante las denuncias del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, sobre la presencia de sustancias tóxicas en México, el Grupo Parlamentario del PAN y la Representación Parlamentaria del PRD presentaron un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a implementar una agenda para atender este problema.
El exhorto surge de la necesidad de atender los riesgos estructurales identificados en la gestión de sustancias peligrosas y zonas altamente contaminadas denunciadas por la ONU.
Al presentar la propuesta, la diputada Marisa Ortiz Mantilla dijo que la exposición a contaminantes peligrosos en el país no es un fenómeno aislado; es un problema estructural que rebasa lo local y exige una respuesta nacional.
“Las conclusiones del Relator Especial de Naciones Unidas no pueden minimizarse; provienen de un mecanismo internacional de derechos humanos que analiza, con evidencia clara, concreta y estándares comparados, los resultados sobre lo que los Estados están haciendo frente a los riesgos que afectan la salud y el medio ambiente. Lo que señala para México es contundente: existe una problemática estructural en la gestión de sustancias peligrosas”, afirmó.
Ortiz Mantilla destacó que los resultados del informe reflejan una degradación ambiental que compromete la calidad de vida de los habitantes en las zonas de riesgo identificadas, por lo que es necesario implementar acciones de control, prevención, remediación, protección y reducción de contaminantes.
El exhorto solicita a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura, Salud y Economía el diseño de una hoja de ruta con metas, plazos e indicadores verificables.
El exhorto contempla el fortalecimiento del control de sustancias químicas, por lo que es necesario fortalecer las regulaciones para plaguicidas altamente peligrosos y químicos industriales.
Asimismo, se propone la implementación de una política nacional de reducción de contaminantes con responsabilidad extendida al productor, así como el fortalecimiento de los sistemas de información y del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.
Para la remediación de zonas críticas, el exhorto contempla la ejecución de programas integrales de restauración en territorios con alta carga contaminante, bajo un enfoque de justicia ambiental.