Avanza en Congreso 'freno' a intervención extranjera
Entre los dictámenes debatidos, la mayoría oficialista en San Lázaro aprobó en lo general la reforma que pospone la elección judicial para 2028
Ivonne Melgar
Ciudad de México
Por un lado, diputados de Morena, PVEM y PT aprobaron la reforma de la reforma judicial, con la oposición en contra porque no se corrigieron fallas de origen de la elección popular de jueces, ministros y magistrados y se agregó el empalme de la revocación de mandato con comicios de autoridades ejecutivas y legisladores.
Hubo 342 legisladores a favor y 124 en contra, en la votación en lo general de esta reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que, entre otras medidas, pospone la renovación de juzgadores para 2028. El decreto original, que se aprobó en 2024, establecía que esos comicios serían en 2027.
Los cuestionamientos más reiterados por la oposición se concentraron en señalar que la reforma no elimina el uso de los controvertidos acordeones y, dijeron los diputados, el empalme de la revocación de mandato con elecciones regulares, situación a la que el Partido del Trabajo se opuso en marzo anterior, consiguiendo frenar la concurrencia con los comicios de 2027.
Terminada la votación en lo general, se declaró un receso que dejó pendiente para hoy la presentación de reservas en lo particular.
Representantes de Acción Nacional, Morena y PT adelantaron que propondrán ajustes para garantizar los derechos laborales de los integrantes del Poder Judicial que dejarán sus cargos cuando se renueven los relevos pendientes.
Por otra parte, los argumentos en contra de la reforma para anular las elecciones en caso de que exista intervención extranjera fueron avalados por la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, diputada de Morena, al advertir que carecen de precisión y certeza.
En el debate de la iniciativa del coordinador de la mayoría en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, en la Comisión de Puntos Constitucionales, también el vicecoordinador de la bancada oficialista, Alfonso Ramírez Cuéllar, se abstuvo de apoyarla.
Sin embargo, el dictamen salió adelante con 28 votos a favor de representantes de Morena, PT y PVEM y nueve en contra del PAN, PRI y MC.
Mientras que la iniciativa para revisar la integridad de los aspirantes a cargos populares fue aprobada en la Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados.
¡Entreguen a sus narcopolíticos!”, reclamó la panista Ana María Balderas Trejo en la ronda en que 28 legisladores votaron a favor y nueve en contra.
Al fijar postura por su partido, insistió en que la propuesta presidencial llegó tarde porque el problema de representantes populares vinculados al crimen organizado se encuentra en Morena.
La iniciativa se discutirá hoy en el pleno.
Aplazan fecha de la elección judicial a 2028
Con la oposición en contra porque no se corrigieron las fallas de origen de la elección popular de jueces, ministros y magistrados, y debido a que se agregó el empalme de la revocación de mandato con comicios de autoridades ejecutivas y legisladores, diputados de Morena, PVEM y PT aprobaron la “reforma de la reforma judicial”.
Hubo 342 legisladores a favor y 124 en contra en la votación en lo general de esta reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que, entre otras medidas, pospone la renovación de juzgadores para 2028. El decreto original que se aprobó en 2024 establecía que esos comicios serían en 2027.
Terminada la votación en lo general, se declaró un receso que dejó pendiente la presentación de reservas en el debate en lo particular, el cual se reanudará a partir de las 9:00 horas de hoy miércoles.
Representantes de Acción Nacional, Morena y el PT adelantaron que propondrán ajustes para garantizar los derechos laborales de los integrantes del Poder Judicial que dejarán sus puestos cuando se concreten los relevos pendientes. Son reservas que buscarían atender la petición de la Asociación de Mujeres Juzgadoras, según lo anunciaron la panista Margarita Zavala y la morenista Olga Sánchez Cordero a través de artículos transitorios que darían estabilidad en el cargo, protegiendo sus derechos económicos con perspectiva de género.
Defienden a Rúben Rocha
Durante la sesión hubo tensión y reclamos cuando el priista Carlos Mancilla acusó a Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, de ser “asesino de Carlos Manzo”, quien fuera alcalde de Uruapan.
Previamente, el morenista había dicho en tribuna que ganarán las elecciones de 2027 en Chihuahua y Sinaloa, a pesar de “la narrativa” de la oposición. En ese contexto, el diputado Godoy defendió a Rubén Rocha Moya:
“Le llaman narcogobernador a alguien que ni siquiera ha sido juzgado. Y que además pidió licencia, él no tiene fuero. En cambio, la gobernadora de Chihuahua acudió con fuero a su comparecencia. (…) En el caso de Rocha no está resuelto su asunto, y qué bueno que sean autoridades mexicanas quienes lo juzguen. También queremos que Maru Campos sea juzgada por autoridades mexicanas”.
Al exponer el dictamen, la diputada Mariana Benítez (Morena) sostuvo que con la reforma habrá evaluaciones técnicas que no contradicen el espíritu democrático de la reforma judicial, sino que lo fortalecen.
Por su parte, el vicecoordinador de la bancada de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, recriminó a la oposición por no sumarse a cambios que, sostuvo, deberían ser de consenso, toda vez que fueron propuestos por funcionarios electorales y organizaciones sociales.
Acordeones y revocación de mandato, los más cuestionados
Los cuestionamientos más reiterados por la oposición se concentraron en señalar que la reforma no elimina el uso de los controvertidos “acordeones” para la votación y criticaron el empalme de la revocación de mandato con elecciones regulares; situación a la que el Partido del Trabajo se había opuesto en marzo anterior, consiguiendo entonces frenar la concurrencia con los comicios de 2027.
Portando un pequeño acordeón con el que subió a la tribuna, el coordinador de los priistas en San Lázaro, Rubén Moreira, señaló: “En esto se va a resumir la justicia en este país: en un acordeón”.
El exgobernador de Coahuila criticó que “el artículo 35, que se quiere cambiar, va a meter por la puerta de atrás, compañeros del PT, que se empalmen la revocación de mandato con las elecciones ordinarias”. Detalló el coordinador Moreira que “para el PT es un golpe por la espalda; les están colocando el artículo 35 para echar para atrás lo que ustedes votaron en contra”.
Destacó además el hecho de que con esta reforma prevalece la antinomia —es decir, la contradicción entre dos artículos constitucionales— respecto a la forma de elegir a quien preside la Suprema Corte: el apartado que prevé que sea cada cuatro años por el pleno de los ministros y el que indica que cada dos años ocupará el cargo quien obtenga la mayor votación en las urnas.
Avanza nulidad por injerencia extranjera
Los argumentos en contra de la reforma que anularía elecciones por injerencia extranjera fueron avalados por la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, diputada de Morena, al advertir que carece de precisión y certeza.
En el debate de la iniciativa del coordinador de la mayoría en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, en la Comisión de Puntos Constitucionales, también el vicecoordinador de la bancada oficialista, Alfonso Ramírez Cuéllar, se abstuvo de apoyarla.
El dictamen, sin embargo, salió adelante con 28 votos a favor de representantes de Morena, PT y PVEM y nueve en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).
El debate se caracterizó por interrogantes de la oposición en torno al porqué de esa iniciativa y en qué casos se aplicaría.
Advertencia
Al final, durante la votación, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia y exsecretaria de Gobernación, la diputada Sánchez Cordero, alertó:
Yo estimo que estamos frente a una norma abierta y esa norma abierta no establece con precisión su contenido y alcance y, como juzgadora, puedo decirles que se puede rellenar con cualquier cantidad de supuestos normativos. Voy a votar en abstención porque atenta contra el principio de certeza”.
Previamente, en representación de Acción Nacional, la diputada Annia Gómez calificó de “particularmente preocupante” la redacción del artículo 78 TER, fracción sexta, que permite considerar como causal de nulidad cualquier otra conducta que bajo valoración jurisdiccional comprometa la soberanía nacional o afecte la autenticidad y libertad del sufragio. Y con ironía preguntó: “¿O sea, te volteó a ver feo, Donald Trump? ¿Anulamos la elección? (...) ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los observadores internacionales que llegan a nuestro país o como lo hemos hecho los mexicanos en otros países? O sea, lo que quieren es ahora también aislarnos del mundo”.
¿Influencers y tiktokers?
Por MC, la diputada Iraís Reyes también cuestionó la falta de claridad de los alcances de la reforma:
Si el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emite un informe cuestionando la situación de desapariciones en México y ese informe genera conversación pública durante un proceso electoral, ¿alguien podrá argumentar que influyó en las preferencias del electorado y pedir la nulidad de una elección?
No se vayan a ir contra algún influencer o tiktoker por conspiracionista… Podrían ser utilizados como argumento para intentar anular una elección. ¡Qué peligroso!”, dijo la legisladora de la bancada naranja.
El diputado Alejandro Domínguez, del PRI, planteó que en la redacción “hay una ambigüedad jurídica brutal, porque no habla ni define qué es intervención extranjera. Violan el principio de taxatividad, violan el principio de certeza jurídica, violan el principio de seguridad constitucional”.
Cuidado con la CIA
Del PT, la diputada Lilia Aguilar Gil pidió a la oposición no hacerle el juego a los republicanos que usan a México, dijo, como tema electoral, con miras a la renovación legislativa de noviembre próximo.
La intervención extranjera es una realidad en nuestro país y México es un tema que le vende a los republicanos, porque mantener la mayoría en la Cámara de Representantes tiene un objetivo: que no se pueda hacer un impeachment a un presidente en funciones como es Donald Trump.
Y quieren utilizar a nuestra nación, porque vende. No se dejen utilizar y que sea nuestro país quien resuelva sus problemas y dejen de hacerle el juego a la CIA”, recriminó la petista.
De Morena, la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano sostuvo que las decisiones sobre el futuro de México corresponden únicamente a su pueblo y que la democracia pierde sentido cuando intereses ajenos influyen en la voluntad popular o lo intentan.
“Revisión no resuelve infiltración de crimen”; PAN Y PRI acusan simulación
Con la sombra de los 10 extraditables de Sinaloa en la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados se aprobó ayer martes la iniciativa para crear una instancia revisora de la integridad de las candidaturas.
¡Entreguen a sus narcopolíticos!”, reclamó la diputada Ana María Balderas Trejo (PAN) en la ronda en que 28 legisladores votaron a favor y nueve en contra.
Al fijar postura por su partido, la panista insistió en que la propuesta presidencial llegó tarde porque el problema de representantes populares vinculados al crimen organizado se encuentra en Morena.
Pero si quieren, de verdad, hacer soberanía en México, entreguen a los delincuentes; ya los tienen y los tienen señalados e investigados (…) El buen juez por su casa empieza (…) Rompan el pacto, ya que no quisieron entrarle a evitar al crimen organizado en las elecciones, y en cambio presentan esta iniciativa que es una burla para los mexicanos”, señaló la diputada Balderas.
La reforma
El diputado Víctor Hugo Lobo Román (Morena), presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, expuso que los cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) en materia de integridad en candidaturas se sustentaban en los principios de respeto a la autonomía partidaria, pues la participación será voluntaria.
Enfatizó el morenista que la verificación tendrá un rango institucional al crearse, dentro del INE, la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas como comisión permanente.
Precisó el diputado Lobo que dicha instancia recibirá listas de aspirantes a fin de remitirlas a las instancias de seguridad e inteligencia para notificar los resultados de riesgo. Planteó el morenista que “el mecanismo opera con estricta confidencialidad, presunción de inocencia y debido proceso”.
Es un modelo político
Por el PRI, el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla cuestionó que lo sucedido en Sinaloa “no es un caso extraordinario, es una realidad que está en todo el país, porque esto ya es un modelo político donde el narco pone candidatos, financia campañas, controla territorios y después obtiene protección institucional por parte del gobierno de Morena”.
Movimiento Ciudadano lamentó la cerrazón del gobierno a atender los argumentos de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sobre los riesgos que conlleva el hecho de que cinco consejeros formen parte de la instancia que habrá de crearse.
El vicecoordinador de los diputados de MC, Pablo Vázquez Ahued, calificó como errónea la concepción de un mecanismo sustentado en el trabajo que actualmente no realizan la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “Son instituciones que, si tienen indicios, información, pruebas, denuncias sobre actividades ilícitas de actores políticos, tienen la obligación de investigar, cumplir la ley y ejercer la procuración de justicia, pero como no lo hacen, se sacan de la manga esta ocurrencia de un esquema que no tiene sustento”.
Es un buen inicio
El diputado Hugo Eric Flores (Morena) recriminó a la oposición el negarse a respaldar una iniciativa que, dijo, debería pasar por consenso. “Si no es ahora, no vamos a empezar nunca. La convocatoria es muy sencilla, empecemos con esto y profundicemos este sistema”, alegó.
Del PVEM, Carlos Guevara Garza afirmó que, “con esta medida, se incentiva a los partidos a fortalecer sus procesos internos de selección, elevando los estándares éticos de quienes buscan representar a la ciudadanía”.
PAN y PRI lamentaron que se hubiera perdido la oportunidad de legislar en serio en contra de la narcopolítica.
Poner enunciados en la Constitución sin consecuencia es poesía”, alertó el jefe de los panistas en San Lázaro, José Elías Lixa, al recordar que su bancada ha propuesto desde tiempo atrás la pérdida de registro a partidos políticos que se financien con dinero del crimen organizado, sanciones penales y nulidad de elecciones cuando se postule a un narcopolítico.
Lamentablemente vamos a dejar ir como Congreso mexicano una gran oportunidad para declararle frontalmente una oposición a los cárteles en la Constitución”, sostuvo la diputada presidenta Kenia López Rabadán.
El dictamen se someterá a la discusión y aval del pleno de los diputados hoy miércoles.