Códigos GTO
Exigen 8 comunidades desmantelamiento de almacén 'huachicolero'
Alcalde de San José Iturbide adelanta que podría no lograr que la empresa se vaya a pesar del peligro que representa
Mar, 22 Septiembre 2026
Andrés Guardiola / Foto: Especial
San José Iturbide
Al menos ocho comunidades rurales se han organizado para expulsar de la región a la empresa región cuyas instalaciones yacen 100 millones de litros de combustible, un peligro latente para cientos de familias, afirman.
Reunidos con el Alcalde de San José Iturbide, el morenista Manuel Montes de la Vega, los representantes de los afectados exigieron que Gas Natural del Noroeste deje la zona en la que se encuentran las comunidades de La Fragua, Jesús María de Arriba, Jesús María de Abajo, Santa Brigada, Las Pomas, Pozo Blanco, Huizache y Cerrito de Galomo.
Cabe recordar que al lado del patio de operaciones en donde se alzan 10 mega tanques en donde autoridades federales intervinieron 59 millones de litros de combustible, se encuentra una preparatoria, y a metros de ahí, trabajan un kinder, una primaria y una secundaria. A pesar del peligro, Pedro Joaquín Coldwell, como Secretario de Energía; el entonces Gobernador de Guanajuato y ahora Senador, Miguel Márquez, y el Ayuntamiento de San José Iturbide lo inauguraron en Diciembre de 2017.
Para el actual Alcalde de San José Iturbide, la transacción "huele a corrupción".
"El Presidente Municipal representa a un pueblo, a un municipio; ustedes me contrataron, yo tendré la responsabilidad de hacer lo que ustedes me pidan porque yo los represento”, resaltó Montes de la Vega en la reunión con los vecinos de las 8 comunidades.
La preocupación de la población es que Gas Natural del Noroeste trabaje sin los permisos pertinentes, temiendo que “sin las medidas de seguridad suficientes para la cantidad —de combustible— que se resguarda”.
“Dicha situación nos pone en grave riesgo", sentencia la carta presentada al Ayuntamiento de San José Iturbide y al mismo Alcalde en la reunión, en donde los comuneros exigieron una visita de inspección y sobre todo, los permisos para operar, toda vez que la empresa presume contar con ellos sin haberlos mostrado.
Además, los pueblos exigen la clausura temporal, desalojo y retiro si no cumple con la ley.