Exige familia de Ruffo “proceso justo”
El exgobernador de BC —quien fuera icono de la alternancia política y que ahora enfrenta a la justicia por delincuencia organizada— fue señalado en los 90 de facilitar las operaciones del Cártel de Tijuana
Raúl Flores Martínez / Staff
Ciudad de México
Durante su gestión, diversas investigaciones señalaron una posible infiltración de los líderes de ese grupo del narcotráfico en corporaciones de seguridad estatales y supuestos acuerdos para reducir la violencia a cambio de impunidad.
Entre 1991 y 1993 indagatorias hechas por la extinta Procuraduría General de la República acusaron la entrega o venta de identificaciones de la Policía Judicial del estado a integrantes de organizaciones criminales.
En 1994, el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, envió una carta al periodista Jesús Blancornelas, cuestionando la actuación del gobierno de Baja California frente al Cártel de Tijuana. El documento planteaba posibles actos de protección institucional. No obstante, los señalamientos no llegaron a un proceso judicial.
Al banquillo
Después, los antecedentes fueron retomados junto con acusaciones sobre un posible financiamiento del narcotráfico a la campaña electoral de Ruffo, tema que volvió a surgir en 2017 con la versión de que su candidatura de 1989 habría recibido 500 mil dólares procedentes de integrantes del Cártel de Tijuana.
Ahora, un frente judicial lo alcanzó a través de Ingemar S.A. de C.V., empresa mediante la cual Ruffo habría consolidado la mayor red de huachicol fiscal, de acuerdo con la fiscal general, Ernestina Godoy, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Tras su captura el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Ruffo Appel y siete imputados más enfrentan la causa penal 253/2026. La audiencia inicial, presidida por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, empezó el viernes, pero se ha extendido por más de 24 horas debido a varios recesos y, hasta el cierre de esta edición, seguía en curso en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
Su hija, Verónica Ruffo, exigió a las autoridades un proceso transparente. “No pedimos privilegios, sino justicia”, dijo mediante un video.
Desde la década de los noventa, su nombre ha sido relacionado con distintos señalamientos públicos surgidos durante el periodo en que el Cártel de Tijuana consolidó su presencia en la entidad.
Los antecedentes contra el exmandatario en su momento, correspondían en acusaciones, testimonios y trabajos de investigación que no derivaron en una sentencia ni en un proceso penal; sin embargo, generó inquietud en las esferas de la política nacional.
Décadas después, se abrió un nuevo frente judicial en su contra, luego de que Ingemar S.A. de C.V., empresa constituida en 2018 y vinculada al exgobernador, quedó bajo investigación por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
Ruffo Appel llegó al gobierno de Baja California en 1989, tras vencer al PRI como candidato del PAN. Su triunfo lo convirtió en el primer mandatario estatal de oposición reconocido en la historia moderna de México.
Su administración, que concluyó en 1995, coincidió con el fortalecimiento del cártel, organización que convirtió a Tijuana en uno de sus principales centros de operación.
Entre 1991 y 1993 surgieron denuncias sobre la presunta infiltración del cártel en corporaciones de seguridad estatales, las investigaciones en su momento por elementos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), señalaban la entrega o venta de identificaciones de la Policía Judicial del Estado a integrantes de organizaciones criminales.
Una de las líneas de investigación que se realizaban en su momento, era la de un supuesto acuerdo con los líderes de la organización para que se mantuvieran bajos los niveles de violencia a cambio de una reducción de los operativos en su contra.